Resumen: Se estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto contra el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación, sobre una finca de suelo rural de regadío objeto de expropiación junto con otras nueve fincas con una afectación de la expropiación superior a las 20 hectáreas dentro de una unidad de explotación de 170 hectáreas. Se ha tener en cuenta que la Sala y Sección ya se ha pronunciado sobre el justiprecio del resto de parcelas expropiadas a la actora, con sentencias firmes que deben asumirse. Se dan por reproducidos, pues, los pronunciamientos anteriores sobre el valor del suelo, el factor de corrección por localización, valor del vuelo y demérito del resto de la finca, sin poder reclamar una suma superior a la hoja de aprecio, que constituye una declaración de voluntad de las partes que en base a la teoría de los actos propios vincula primero a las mismas y después tanto a los Jurados Provinciales de Expropiación como a los Tribunales que revisan sus decisiones, sin que conceder por cada uno de los conceptos indemnizables mayor cantidad que la solicitada en la hoja de aprecio.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el art. 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, configura un régimen específico de acceso a la información u otorga a dicha información un carácter reservado que suponga su aplicación preferente sobre las previsiones de la Ley de Transparencia, a los efectos previstos en el apartado 2 de su disposición adicional primera.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto por una funcionaria de la AEAT que reclamaba el abono de las diferencias de cuantía de los trienios consolidados como personal laboral respecto de los funcionariales, teniendo en cuenta al derecho de las cuantías correspondientes al momento de su perfección. Se rechaza la inadmisión por acto firme y consentido, al tratarse de retribuciones periódicas impugnables individualmente. La petición no se considera recurso de reposición contra el acuerdo de 1995, sino solicitud nueva basada en la doctrina del TS (sentencias 648/2019 y 723/2019). Se reconoce el derecho a percibir las diferencias retributivas por trienios durante los cuatro años anteriores a la solicitud (06/09/2019), con intereses legales. La Sala descarta pronunciamientos sobre pagos futuros, limitando el reconocimiento hasta la entrada en vigor de la Ley 11/2020, en la que ya se detalla una regulación específica sobre la cuestión. Se desestima la alegación de desviación procesal y se aplica jurisprudencia consolidada sobre el valor de los trienios según el momento de perfección.
Resumen: La Sala estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto por la actora contra la desestimación presunta de su solicitud de acceso al expediente administrativo relativo a la renta social garantizada. Aunque se considera conforme a derecho la negativa implícita a reactivar el pago de la prestación, debido a las sucesivas incidencias que afectaron a su mantenimiento (variaciones en el grupo familiar, ingresos no declarados, percepción del ingreso mínimo vital), se aprecia vulneración del derecho de acceso a la información pública. La Administración no respondió a las solicitudes de acceso formuladas en diciembre de 2019 y febrero de 2021, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 105.b) de la Constitución, el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015 y el artículo 20 de la Ley 19/2013 de transparencia. La omisión administrativa impidió a la interesada ejercer sus derechos en un procedimiento que afectaba directamente a sus intereses legítimos. En consecuencia, se anula la desestimación presunta en cuanto al acceso al expediente, pero sin imposición de costas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que desestimó la demanda presentada para solicitar protección del derecho al honor por inclusión de datos sobre deuda por la demandada en ficheros de morosos. La sentencia de instancia consideró que la inclusión era válida debido a la existencia de deudas previas y a que el pago de la deuda en cuestión no fue realizado por el actor, sino por una tercera entidad sin su conocimiento. Por la parte actora se interpuso recurso de apelación alegando que la deuda se volvió inexacta tras el pago realizado sin que la entidad demandada procediera a eliminar los datos sobre deuda de los ficheros. La entidad demandada se opuso al recurso alegando que el pago no fue acreditado adecuadamente y que la inclusión fue correcta. El tribunal de apelación estimó en parte el recurso y revocó la sentencia recurrida porque, aunque el pago se realizara por un tercero, la entidad demandada tuvo conocimiento del mismo y no actuó para eliminar y retirar los datos del fichero, vulnerando el derecho al honor de la parte actora, por lo que declaró vulnerado el derecho al honor del demandante, pero redujo la indemnización reclamada conforme a los criterios de cuantificación del tribunal, condenando a la entidad demandada a indemnizar al demandante en la suma de 2.000 € por daños morales y a retirar del fichero los datos comunicados sobre la deuda.
Resumen: La sentencia conoce de un supuesto de re-equilibrio económico de un contrato nulo respecto del que dictó orden de continuidad de la prestación del servicio. Declara que, en el presente contexto temporal y material (varias Administraciones concernidas) y jurídico (un contrato nulo que no se liquida y se licita de nuevo) no cabe el desarrollo de un procedimiento de reequilibrio económico de actualización de tarifas para la no-concesionaria, desarrollado aquí no para un supuesto de "factum principis" o de concurrencia de fuerza mayor por situaciones como por ejemplo de obras indispensables o daños inesperados , sino exclusivamente para el retorno de inversiones, incrementos de costes por los años de no actualización y mantenimiento del beneficio industrial.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria excluye la aplicación las previsiones de la Ley de Transparencia a los efectos previstos en el apartado 2 de su disposición adicional primera en relación con las conductas sobre la identidad del funcionario actuante.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia desestimatoria recaída en el juzgado en materia de expulsión de extranjero en situación de irregularidad. La Sala confirma la sanción de expulsión basándose en la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sanción preferente es la de multa cuando no concurran circunstancias agravantes y aplicando el principio de proporcionalidad. En este caso sí concurren pues el extranjero carece de autorización para residir en España sin realizar trámite para su regularización ni presentar documento que acredite su identidad ni las circunstancias relativas a la entrada en territorio nacional, además de constar la vigencia de una previa decisión de retorno acordada por otro país de la Unión Europea.
Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar (i) si el Reglamento comunitario 1049/2001 es aplicable a una petición de acceso a información pública obrante en poder de la Administración española y consistente en los precios de adquisición de vacunas y en sus respectivos contratos de compraventa celebrados por el gobierno español en aplicación de los acuerdos de adquisición concluidos por la Comisión Europea; y (ii) si el Reglamento comunitario 1049/2001 justifica la denegación incondicionada y sin más trámite del acceso a la información sobre el precio de las vacunas, así como de los contratos de compraventa celebrados por el gobierno español, por considerar que se trata de documentos sensibles.
Resumen: Resuelve esta sentencia un recurso contra una resolución administrativa que decidía sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas en el ámbito sanitario, considerando que ha existido una deficiente información al paciente de los efectos del fármaco que se iba a administrar y que desgraciadamente alterando su estado psíquico propiciando el desafortunado resultado.Por esa vulneración de la autonomía del paciente entiende que existe una infracción de la lex artis y un funcionamiento anormal indemnizable del servicio publico sanitario,
